Soluciones alternativas al problema de la okupación en los países europeos
05 Dic.- En España existe una amplia variedad de normas que regulan indirectamente las situaciones de okupación; así, la Ley de la vivienda nace con el ánimo de regularizar y proteger legalmente a los ciudadanos más vulnerables en riesgo de desalojo, o la ley de Desahucio Exprés de okupas, que contribuye a agilizar los casos de okupación, justificando los métodos utilizados en cada caso.
O en relación con los tan sonados casos de inquiokupación, propiedad y vivienda; las leyes de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal y Ordenación de la Edificación.
Sin embargo, ¿Cómo abordan estas situaciones ilegales los demás países europeos?
Mientras Portugal destaca (al igual que España) como uno de los países donde se experimenta una mayor demora en la resolución de estos problemas, no bastando con una simple denuncia ni autorización judicial, sino debiéndose producir el juicio con su correspondiente sentencia firme, la situación varía en el resto de países.
Reino Unido
En el Reino Unido, si hay denuncia de usurpación por parte del propietario en los primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas sin necesidad de autorización judicial.
Las penas máximas que contemplan son de 6 meses de prisión y multas de 5.000 libras, unos 5.740 euros al cambio, según la normativa vigente.
El hecho digno de reproche (crimen) se comete cuando, aun habiendo sido instado por el propietario, la policía, un órgano administrativo delegado, o una orden de recuperación de la posesión, el usurpador no abandona las tierras o propiedades.
Italia
El Código Penal italiano sanciona en su artículo 631 a aquellos individuos que invadan propiedades, ya sean privadas o públicas. Para iniciar los trámites por delito de usurpación, los propietarios deben presentar una denuncia ante la policía, que se resolverá en un juicio rápido que permite a las autoridades llevar a cabo la expulsión y desalojo de forma sencilla.
Las penalizaciones incluyen una privación de libertad de hasta dos años, y multas que oscilan entre 103 y 1.032 euros, con la posibilidad de aumentar en casos de violencia o uso de armas por parte de los desalojados.
Países Bajos
Para dar comienzo al proceso de desokupación en los Países Bajos, es suficiente con presentar una denuncia ante la Policía. Una vez que se verifica el título de propiedad, la policía puede intervenir de inmediato, personificándose con una autorización judicial para desalojar a los ocupantes.
Las sanciones máximas previstas por este país son de un año de prisión o una multa de hasta 8.200 euros. En casos de violencia o intimidación, la pena de prisión puede extenderse a dos años y la multa a 20.500 euros.
En ambas situaciones, si la ocupación es llevada a cabo por dos o más personas, la pena de cárcel puede aumentar en un tercio.
Suecia, Noruega y Dinamarca
En Noruegay Dinamarca los casos de okupación se resuelven muy rápidamente, suponiendo actividades delictivas, sin importar el tiempo que haya durado la okupación.
La autoridad policial se persona en la vivienda, y si los okupantes no pueden justificar su situación, mostrando un contrato de alquiler legal o documentos que demuestren que son propietarios de la casa, serán expulsados.
Legalmente, se trata como un robo con violencia o fuerza en las cosas, debiendo los criminales afrontar penas de prisión.
Por otro lado, en Suecia no existe una ley específica, pero se trata como una infracción que da lugar a sanciones económicas (multas), sin embargo, en caso de que se trate de un caso serio de intromisión ilegítima con violencia, se aplican las normas de apropiación, y los usurpadores pueden afrontar penas de prisión desde los 6 meses hasta los 2 años.
Francia
En Francia, la ocupación ilegal es un acto que no requiere autorización judicial para desalojar la vivienda de inmediato, dentro de las 48 horas posteriores al conocimiento del propietario.
Sin embargo, pasado este tiempo, el propietario legítimo debe presentar una denuncia, y, en este caso, la autorización del juez sí será necesaria para llevar a cabo el desalojo.
Las sanciones previstas por las leyes francesas abarcan, tres años de prisión como máximo y una multa que llega a los 45.000 euros de sanción.
Alemania
En Alemania, las leyes son muy estrictas en estas circunstancias, asegurando el desalojo dentro de las 24 horas posteriores a la presentación de la denuncia a la policía.
Los tribunales alemanes imponen sanciones de hasta 2 años de prisión si la ocupación indebida involucra violencia o intimidación, pudiendo acompañarse estas de una multa proporcional.
Así, en casos de ocupación, los propietarios pueden recuperar el acceso en tan solo un día debido a la inmediatez de los desalojos. Además, si el inmueble se encontrase en mal estado tras la okupación ilegítima, los causantes están legalmente obligados a realizar las obras de rehabilitación necesarias para restituir su estado original.
Como podemos ver, las medidas establecidas en España parecen ser insuficientes, y sus efectos se dilatan en el tiempo de forma injustificada.
Es debido a estas razones que surgen empresas como Desokupa Expres, para ofrecer sus servicios a los damnificados, logrando alcanzar soluciones a la problemática de la inquiokupación de manera legal, rápida y segura para aquellos que lo soliciten.
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