Lo que debes saber sobre el desahucio por precario

30 Ago.- Los juicios por precario hacen referencia a los procedimientos legales a través de los cuales una persona (el demandante), busca recuperar la posesión de un bien inmueble o mueble, que se encuentra en manos de otra persona (el demandado), sin un título de posesión o propiedad legal que respalde la tenencia del mismo.

En otras palabras, el demandante alega que el demandado está ocupando o utilizando su propiedad sin tener derecho legítimo para hacerlo.

La principal finalidad en los juicios por precario es establecer la posesión legítima y recuperar el bien por parte del justo propietario.

Aunque el término “precario” no se encuentre definido en la ley, en estos casos se emplea para hacer referencia a la situación en la cual se está en posesión del bien sin ningún tipo de contrato, acuerdo o título que lo autorice a ello.

Yendo más allá de su indeterminación, esta situación no está regulada en ningún artículo dentro del ordenamiento jurídico, si bien el artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece cuándo se puede acudir a un juicio verbal de desahucio por precario. Este debe ser empleado cuando se pretenda ”la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario”.

Estos juicios —también denominados desahucios por precario—, son ampliamente empleados en casos de okupación, pues pueden ser de ayuda para solventar situaciones donde no existe contrato de arrendamiento válido, cuando el ocupante no tiene derecho a la propiedad, o cuando una persona utiliza una propiedad en contra de los intereses del propietario legal, razones generalmente relacionadas con la usurpación ilegal de viviendas y con la inquiokupación.

No obstante, en julio de 2018 se introdujo un proceso especial de desahucios exprés, regulado en el artículo 250.1.4º LEC, a través del cual se agilizaban los procedimientos de ocupación, al estar directamente referidos a ellos. Aun así, el juicio por precario continúa siendo una alternativa válida para abordar el problema de la usurpación.

Como iniciar procesos de desahucio por precario

Para iniciar los procesos de desahucio por precario, es necesario primero contactar con un abogado y, si fuera posible, con los ocupantes. En el caso de que los ocupantes no abandonasen el inmueble de manera voluntaria, se ha de presentar la demanda ante los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde se encuentre la vivienda. En los casos de inquiokupación, además, se debe presentar un requerimiento de devolución de la finca para demostrar que el consentimiento de ocupación se ha retirado.

Tras ello, la resolución de la demanda se realiza a través de un juicio verbal. Si tras esta, el demandado no presentase un recurso en los siguientes 20 días hábiles, este estará obligado a abandonar la vivienda. En caso contrario, se procederá al desalojo físico —denominado “lanzamiento”—del inmueble.

Por lo general, la duración promedio de un desahucio por precario varía entre seis y doce meses, si bien en algunos casos puede llevar más tiempo y en ocasiones excepcionales, menos.

Que sucede una vez ganado o perdido el juicio precario

El perdedor del juicio —que en el 90% de los casos son los inquilinos—, es quien debe afrontar las costas del proceso, señaladas en el artículo 241 de la LEC. En promedio, el costo de un desahucio por precario suele rondar los 1.200 euros, IVA incluido, si bien prever el costo exacto de estos procedimientos legales es complicado pues, si bien los honorarios del procurador están regulados por el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, las tarifas del abogado son establecidas por cada profesional.

En ocasiones, los condenados pueden declararse insolventes. Si se probara tras una exhaustiva investigación esta situación, el tribunal podría establecer un plan de pagos asequible para el sentenciado, teniendo en cuenta su situación económica. Yendo más allá, el pago podría llegar incluso a suspenderse temporalmente. Esto último no eximiría al condenado de la obligación y en el futuro, si su situación económica mejorase, podría ser requerido nuevamente para cumplir con el pago.

En conclusión, aunque este proceso se presente como una alternativa más rápida que el juicio ordinario, estos pueden encontrar dificultades a lo largo de los trámites legales, pues la contratación de abogados y procuradores pueden resultar costosos y complicados. Además, si el demandado resulta insuficientemente solvente, usted como demandante podría tener dificultades para recuperar los costos asociados.

Afortunadamente, empresas como Desokupa Expres garantizamos el desalojo de viviendas okupadas siguiendo siempre los cauces legales. Nuestra iniciativa actúa en representación de los propietarios, evitando confrontaciones no deseadas y sin depender del pago de terceras personas.

Contamos con profesionales especializados en el ámbito jurídico que trabajan mano a mano con nuestro equipo de desokupación para llevar a cabo la evacuación sin altercados, siguiendo siempre medidas inocuas amparadas por las nuevas actualizaciones en materia penal.

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