Podemos propone ilegalizar y penar con cárcel a las empresas de desokupación

22 May.-La nueva Ley de Vivienda y sus modificaciones están danto mucho que hablar entre los partidos políticos, sobre todo ahora que las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina.

Una de las últimas propuestas de Unidas Podemos ha sido registrar una proposición de Ley para reformar el Código Penal e ilegalizar a empresas dedicadas a desalojar viviendas okupadas.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció el pasado miércoles la propuesta durante un mitin en la ciudad de Alicante, que pretende según sus palabras, "perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables", refiriéndose a las empresas de desokupación.

Además, añadió desde su partido, que han creado un texto donde se plantea perseguir, de forma expresa "a personas que hostiguen, acosen, discriminen o intimiden a personas en situación de vulnerabilidad, por motivos de lucro", proponiendo incluso penas de hasta cuatro años de cárcel a las empresas privadas de desokupación.

En esta misma línea, la ministra de la formación morada ha precisado que organizaciones como 'Desokupa' suponen un "problema de seguridad" y son un "germen de un comando parapolicial".

Belarra tacha de peligrosos y mete a todos los trabajadores y operarios de empresas privadas de desalojos en el mismo saco, basándose solo en las referencias o actuaciones de una empresa en concreto y generalizando para todas las demás que nos dedicamos a esta actividad.

Desde Desokupa Expres nos desvinculamos por completo de la empresa 'Desokupa' y de sus presuntas actuaciones en los desalojos de okupas.

En Desokupa Expres, realizamos nuestro trabajo sin ejercer la fuerza física, sin discriminación alguna y de forma 100% legal.

Lo cierto es que el verdadero peligro suelen ser los okupas, a menudo violentos y creadores de conflictos en el vecindario, y los realmente afectados los vecinos y propietarios de la vivienda okupada, que sufren de primera mano el malestar que provocan estas situaciones.

Belarra define de ilegales las actuaciones de las empresas privadas de desalojo, pero lo que realmente no tiene nada de legal es apropiarse de un inmueble ajeno sin permiso ni documentación del propietario, en muchos casos 'pinchando' la luz de sus vecinos, con el riesgo físico que conlleva para los okupas y para los demás moradores legítimos del edificio, sin olvidar por supuesto que no deja de ser un delito.

Falta de seguridad en las calles, delincuencia, daños y deterioros en viviendas y zonas comunes o insalubridad, suelen ser factores que vienen relacionados con la okupación ilegal de viviendas y que suponen un problema mucho más importante para la ciudadanía.

Otros partidos como PSOE y PP se han desmarcado en los pasillos del Congreso de la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para perseguir penalmente a las empresas de desalojo.

La ministra socialista María Jesús Montero ha comentado que "cualquier consideración adicional que se quiera añadir a la Ley de Vivienda, tendrá que explicarlo al grupo".

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha rechazado la reforma del Código Penal alegando que "funciona" y que "se puede aplicar perfectamente siempre que se cometan delitos en el orden constitucional". Y ha concluido diciendo "si alguien lo vulnera, hay instrumentos suficientes para responder sin necesidad de más reformas".