¿Puedo desalojar okupas con personas dependientes?

20 Mar.- Con la implementación de la reciente Ley de Vivienda, cuya aplicación desde el 24 de mayo pasado generó incertidumbre acerca de su viabilidad y consecuencias, se ha desencadenado un amplio debate entre quienes respaldan la normativa y aquellos que, siendo afectados negativamente por la redacción de la ley, han expresado sus reservas. En este contexto, se destaca la preocupación y la tensión en torno a los efectos reales de la ley en la protección de derechos relacionados con la propiedad privada.

En este sentido, la ley introdujo un término clave para designar a determinadas personas que gozan de mayores garantías debido a su específica condición; esto son, las “personas vulnerables”.

Dicho colectivo, que engloba de igual forma a las personas dependientes, goza de una protección mucho mayor bajo la redacción de esta reciente legislación.

Esta protección se amplió a través de un decreto ley cuyo objetivo principal consistía en establecer un periodo de suspensión de los desalojos pendientes ante el tribunal, con la finalidad de adaptar su ejecución a la Ley de Vivienda, en un contexto de pandemia, donde la situación era más tensa en relación con la vivienda. Así fue como surgió el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de 2020.

Sin embargo, en una etapa posterior, mediante los Reales Decretos Leyes 5/2023 del 28 de junio y 8/2023 del 27 de diciembre, se prolongó este plazo, como se detalla en esta otra publicación, suscitando grandes dudas respecto a su legalidad y justificación, una vez la pandemia ya no suponía el principal motivo de resguardo.

De esta forma, el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), también encargado con cuestiones relacionadas con la vivienda, informó de que dichas modificaciones y ampliaciones, se implementaban con el propósito de “salvaguardar a menores, individuos dependientes, mujeres afectadas por violencia de género, así como a familias que tienen a su cargo menores o dependientes”.

En este contexto, se define como “dependiente” o en situación de dependencia a aquella persona que experimenta una falta o disminución de autonomía, ya sea intelectual, física o sensorial, originada por diversos factores como la edad, enfermedad o la propia discapacidad que enfrenta. Estas personas requieren asistencia para llevar a cabo actividades fundamentales en su rutina diaria. Es decir, son individuos que, no poseyendo plena autonomía, dependen de apoyo externo.

De este modo, la principal consecuencia derivada de la confirmación de esta situación de dependencia o vulnerabilidad implica la suspensión de los procesos de desalojo y sus correspondientes lanzamientos (extendidos hasta diciembre de 2024, según la última prórroga establecida mediante los Reales Decretos previamente mencionados), con la correspondiente compensación contemplada para los arrendadores afectados.

Esta pausa, sin embargo, acarrea diversos efectos adversos derivados: la incertidumbre financiera para los propietarios, la prolongación de situaciones problemáticas y la generación de tensiones en el ámbito contractual, que contribuyen a la complejidad de la situación.

Como podemos ver, los mayores obstáculos para llevar a cabo desalojos de personas dependientes se originan principalmente bajo la redacción de la reciente Ley de Vivienda. Esta normativa enfrenta el bien jurídico protegido de la propiedad privada con el derecho a la dignidad humana y a condiciones de vida apropiadas.

Redactada con el propósito original de respaldar a grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellos que incluyen personas dependientes, en su acceso a la vivienda, esta ley también perseguía mejorar la estabilidad y seguridad en los contratos de alquiler. Sin embargo, en ciertos escenarios, se percibe que la ley favorece en exceso a los inquilinos, dejando a los arrendadores con una protección reducida.

Con el objetivo de abordar y corregir estas situaciones de desequilibrio e injusticia, Desokupa Expres nace como una entidad concebida para asegurar el desalojo de viviendas ocupadas. Nuestra empresa se compromete rigurosamente a seguir los procedimientos legales de manera estricta, asegurando un proceso que respete las normativas y garantice la legalidad en todo momento.

Nuestra organización dispone de un grupo de especialistas en asuntos jurídicos que trabaja en estrecha colaboración con nuestros profesionales altamente especializados en desalojos. Este enfoque garantiza una evacuación que se lleva a cabo de manera pacífica, respetando de manera estricta las disposiciones legales vigentes y las últimas reformas aplicables.

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