¿Qué puede hacer la comunidad de vecinos para echar okupas del edificio de manera legal?

09 Ago.- Cuando nos enfrentamos a un caso de okupación, el principal afectado es el propietario de la vivienda usurpada. Sin embargo, la comunidad de vecinos al completo también sufre graves perjuicios.

Esta intromisión aumenta la inseguridad e intranquilidad del vecindario, generando conflictos que acaban deteriorando la convivencia. Además, puede reducir el valor de las propiedades circundantes, afectando la inversión y calidad de vida de los residentes.

En estos casos, es fundamental que los residentes actúen de manera coordinada y respetando la legalidad, para abordar la situación de la mejor manera posible.

En primer lugar, se debe verificar la situación, es decir, confirmar si la ocupación es ilegal o legal. En algunos casos, podría tratarse de inquilinos con problemas de contrato, en cuyo caso estaríamos refiriéndonos a casos de inquiokupación, situaciones en las que, si bien los ocupantes de la vivienda comenzaron residiendo legalmente, por el impago de las cuotas su situación torna ilegal.

Además, si el inmueble es propiedad de un particular o una empresa ausente (desconocedora del hecho), es esencial que la comunidad de vecinos notifique al propietario y le brinde el apoyo necesario para tomar acciones legales.

Una vez confirmado el caso de okupación ilegal, nos encontraremos ante el supuesto tipificado en el artículo 245 del Código Penal, que castiga al que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, con la pena de multa de tres a seis meses. Este precepto se ve respaldado por la garantía constitucional establecida en el artículo 18.2 que reafirma la inviolabilidad del domicilio, y continúa: ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Existe, además, legislación concreta que hace referencia a estas irregularidades. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ofrece la posibilidad de acceder a la vía judicial para solventar los casos de okupación, estableciendo para ello medidas para agilizar el procedimiento y evitar dilaciones innecesarias.

Yendo más allá, al haberse convertido en una cuestión política y social de actualidad, las principales fuerzas políticas han aprobado y modificando diversas leyes, como la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, o la reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Una vez conocemos las bases legales que respaldan la resolución de esta problemática, pasamos a analizar las concretas acciones que pueden llevar a cabo los propietarios de las comunidades vecinales.

Estos pueden recurrir a 3 principales vías: la vía judicial, el procedimiento verbal especial de “desahucio exprés” incluido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, o a la contratación de una empresa privada experta en desalojos como Desokupa Expres.

En el primero de los casos —acudir a la vía judicial—, se debe comunicar el hecho a las autoridades. La policía iniciará una investigación con la finalidad de proceder al desalojo conforme a la legislación local.

Para facilitar las actuaciones, es importante que los vecinos afectados recopilen pruebas sobre la ocupación ilegal, como fotografías, testimonios y cualquier otra evidencia que pueda respaldar la denuncia.

La segunda opción es atenerse al procedimiento establecido en 2018 por la LEC, este requiere presentar una demanda ante los tribunales (debidamente firmada por un abogado y un procurador), a través de la cual se solicite expresamente “la inmediata recuperación de la plena posesión de la vivienda” para evitar dilaciones en el proceso.

Estas opciones, si bien tratan de proponer medidas para agilizar los procedimientos, suelen dilatarse injustificadamente en el tiempo, viéndose mermado el acceso efectivo a los tribunales.

Para poner fin a estas demoras, existe la opción de contratación de empresas privadas como Desokupa Expres, recurso que ofrece facilidades y una ágil actuación benficiosa para las comunidades de vecinos damnificadas.

Como empresas especializadas, conocemos los límites legales y contamos con profesionales jurídicos que ofrecen asesoramiento legal, altamente recomendable para que la comunidad de vecinos pueda estar informada y resolver estos problemas adecuadamente, sabiendo en todo momento que se actúa conforme a las normas vigentes.

Los especialistas de Desokupa Expres, confiamos en la mediación y realizamos nosotros mismos el trabajo directo, evitando así la confrontación de los propietarios con los ocupantes, ya que esto podría empeorar la situación y poner en riesgo la seguridad de los vecinos.

En conclusión, una comunidad de vecinos debe actuar de manera unida y respetando la legalidad para abordar la okupación de una vivienda. La colaboración, el asesoramiento legal y el fortalecimiento de la seguridad son fundamentales para resolver este tipo de situaciones de la mejor manera posible.

Las empresas de desokupación trabajamos en solidaridad con equipos jurídicos especializados para ejecutar todas sus actuaciones dentro del marco legal, ofreciendo a sus clientes atención especializada y resultados fiables.

Infórmate de nuestros servicios sin compromiso en info@desokupaexpres.com o directamente por WhatsApp al número 645 250 976.