Okupación ilegal de viviendas, leyes inmobiliarias que la regulan

16 Ago.- El Derecho Inmobiliario es una rama del derecho que regula los aspectos jurídicos relacionados con los bienes raíces y propiedades, tanto rurales como urbanas. Su principal objetivo es establecer normas que rigen la adquisición, transmisión, posesión, uso y explotación de estos bienes.

Este derecho abarca diversas áreas y regula los derechos y deberes de los propietarios, inquilinos y terceros interesados, gestionando la resolución de conflictos que pueden surgir entre estos, en materia de propiedades.

Al tratarse de un ámbito tan extenso, el derecho inmobiliario se rige por un gran número de textos legales referentes a los diversos espacios urbanos a nivel nacional, regional y local.

Las principales leyes relacionadas con esta rama son: la Ley de Vivienda (que ya hemos analizado en este otro artículo, por lo que no nos detendremos en ella), la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las Leyes de Ordenación del Territorio y Urbanismo de cada Comunidad Autónoma, la Ley de Arrendamientos Urbanos o la Ley de Propiedad Horizontal.

Aunque ninguna de estas leyes haga referencia explícita a la okupación —ni se emplee este término para designar los casos típicos—, indirectamente, todas estas regulaciones protegen a los propietarios en casos de usurpación.

En primer lugar, el Real Decreto Legislativo 7/2015 que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su artículo 15, establece el contenido del derecho de propiedad del suelo, de esta forma, su segundo apartado establece el deber de “conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos”. De esta manera, las denuncias por Okupación pueden basarse en dicho artículo siempre que se haya actuado de forma diligente.

Por otro lado, todas las Leyes de Ordenación del Territorio y Urbanismo (cada CCAA define su propia LOTU), tienen al menos un precepto relacionado cuenta la correcta ocupación, uso y construcción sostenible del suelo, fomentando así el desarrollo racional y equilibrado de las actividades del territorio.

La Ley de Arrendamientos Urbanos o LAU contiene varios artículos para la protección ante la okupación. Esta ley cobra especial relevancia, pues los desahucios derivados de la misma suponen el 72,8% del total de los desalojos practicados en España, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El artículo 37 de dicha ley, fue recientemente reformado por el Gobierno, como medida para luchar contra la okupación ilegal, esta modificación obliga a formalizar todos los arrendamientos por escrito, incluyéndolos en el correspondiente registro de arrendamientos de la Comunidad Autónoma, acción obligatoria que trata de evitar los casos de inquiokupación.

Al verse modificada la libertad de forma del contrato de arrendamiento, se pretendía, a su vez, agilizar el desalojo de estos usurpadores, que, al incluir procedimientos verbales posesorios y sus correspondientes apelaciones de sentencias de juicios verbales, llegaban a dilatarse hasta 18 meses de media, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por último, la Ley de Propiedad Horizontal establece en su artículo 7.2 que “ni al propietario ni al ocupante del piso o local les está permitido desarrollar en él actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”. Los casos de okupación ilegal entrarían dentro de estas prácticas vetadas. Este precepto abre la posibilidad de proceder en contra de todos aquellos que realicen alguna de estas actividades.

En relación con el procedimiento de recuperación de viviendas, el único límite establecido en las normas del Ordenamiento jurídico es que estos desalojos sean llevados a cabo dentro de los cauces legales, utilizando para ello, herramientas que se ajusten a las normas jurídicas vigentes y preserven los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos sin vulnerarlos.

Es por ello por lo que nuestra empresa Desokupa Expres, actúa avalada y respaldada por estas normas legales, pues nos ajustamos en todo caso a las disposiciones legales relacionadas con urbanismo y viviendas. Además, contamos con un equipo formado por abogados y profesionales del sector jurídico, conocedores de las actualizaciones en materia urbanística, que cooperan con nosotros para garantizar que nuestras intervenciones siempre sean llevadas a cabo de conformidad con las disposiciones legales.

Como podemos ver, el derecho inmobiliario es esencial para proporcionar seguridad y certeza jurídica en las transacciones inmobiliarias, protegiendo así los derechos de las partes involucradas en este ámbito.

Las leyes reguladoras de este sector jurídico tienen como principal objetivo promover un desarrollo urbano equilibrado, sostenible y que responda a las necesidades de la sociedad, permitiendo la actuación de empresas privadas como Desokupa Expres, para alcanzar la consecución de dichos fines, que facilitan y agilizan los procedimientos de desokupación siguiendo siempre métodos reconocidos legalmente.